Plan Nacional del Buen Vivir

Plan Nacional del Buen Vivir.

Por Andres Ramirez Velez.

El Buen Vivir, más que una originalidad de la Carta Constitucional, forma parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado particularmente los actores sociales de América Latina durante las últimas décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose entonces en los principios y orientaciones del nuevo pacto social.

No obstante, el Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de una visión más amplia, la cual supere los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, que permita la aplicación de un nuevo modelo económico cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva un modelo económico incluyente; es decir, que incorpore a los procesos de acumulación y re-distribución, a los actores que históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así como a aquellas formas de producción y reproducción que se fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado.

Asimismo, el Buen Vivir, se construye desde las posiciones que reivindican la revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres humanos, es decir, desde el tránsito del actual antropocentrismo al biopluralismo (Guimaraes en Acosta, 2009), en tanto la actividad humana realiza un uso de los recursos naturales adaptado a la generación (regeneración) natural de los mismos.

Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones por la igualdad, y la justicia social (productiva y distributiva), y desde el reconocimiento y la valoración de los pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida.

La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los derechos como condición del Buen Vivir y en el ejercicio de las responsabilidades en el marco de la interculturalidad y de la convivencia armónica con la naturaleza (Constitución de la República del Ecuador, Art. 275).

En la Constitución del Ecuador se supera la visión reduccionista del desarrollo como crecimiento económico y se establece una nueva visión en la que el centro del desarrollo es el ser humano y el objetivo final es el alcanzar el sumakkawsay o Buen Vivir. Frente a la falsa dicotomía entre Estado y mercado, impulsada por el pensamiento neoliberal, la Constitución ecuatoriana formula una relación entre Estado, mercado, sociedad y naturaleza. El mercado deja de ser el motor que impulsa el desarrollo y comparte una serie de interacciones con el Estado, la sociedad y la naturaleza. Por primera vez, en la historia de la humanidad una Constitución reconoce los derechos de la naturaleza y ésta pasa a ser uno de los elementos constitutivos del Buen Vivir.

Frente al desmantelamiento del Estado impulsado por el neoliberalismo, se hace fundamental recuperar el Estado para la ciudadanía, en el marco de la recuperación de lo público, en un sentido más abarcativo. De ahí que la Carta Magna fortalece el Estado recuperando sus roles en la planificación, regulación y re-distribución. Sin embargo, no se trata de una visión estatizante, en la que el antiguo rol del mercado es sustituido de manera acrítica por el Estado. Por el contrario, al fortalecer y ampliar los derechos y al reconocer a la participación como elemento fundamental en la construcción de la nueva sociedad, la nueva Constitución busca el fortalecimiento de la sociedad como condición necesaria para el Buen Vivir en comunidad. De este modo se impulsa la construcción de un verdadero poder social y ciudadano.

Para la nueva Constitución, el sumakkawsay implica mejorar la calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la re-distribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés público, establecer una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana; y proteger y promover la diversidad cultural (Art. 276).

La importancia que se da a la diversidad en la carta magna del Ecuador, no se restringe al plano cultural, sino que se expresa también en el sistema económico. La Constitución ecuatoriana reconoce al sistema económico como social y solidario, incorporando la perspectiva de la diversidad en su concepción y superando la visión mercadocéntrica que lo definía como social de mercado.

Para la economía social el ser humano es el centro de la actividad económica y, por lo tanto, la economía debe estar al servicio de la vida y no la vida en función de la economía. Esto supone revertir la lógica perversa del capitalismo, para el que la acumulación del capital constituye el motor de la vida. La economía social, por el contrario, plantea la generación de una economía plural en donde las lógicas de acumulación del capital y del poder estén subordinadas a la lógica de la reproducción ampliada de la vida. Para ello, el trabajo es una noción central. Se trata entonces de apoyar las iniciativas económicas de la población desde la perspectiva del trabajo y no desde la perspectiva del empleo, con el fin de garantizar que la riqueza quede directamente en manos de los trabajadores (Coraggio, 2004).

A esta reflexión se suma la sobrevaloración que ha adquirido, en los últimos años, sobre todo entre los y las jóvenes, el ingreso por sobre el trabajo. Una de las ideas más interesantes que podemos proponer para promover el Buen vivir es, justamente, la recuperación de la dignidad del trabajo. Esto empieza con la garantía para el ejercicio de los derechos laborales, pero también supone la revaloración del trabajo como espacio de construcción de subjetividades, de capacidades organizativas, de vínculos solidarios y de conocimientos prácticos social y culturalmente relevantes.

La dimensión social del Buen Vivir en la Constitución ecuatoriana busca la universalización de los servicios sociales de calidad para garantizar y hacer efectivos los derechos. De este modo, se deja atrás la concepción de educación, salud o seguridad social como mercancías.

En la dimensión ambiental del Buen Vivir, reconoce los derechos de la naturaleza, pasando de este modo de una visión de la naturaleza como recurso, a otra concepción totalmente distinta, en la que ésta es "el espacio donde se reproduce y realiza la vida". Desde esta concepción la naturaleza tiene "derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos", así como el derecho a la restauración (Art. 71 y 72). Los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación (Art. 74).

 Los derechos como pilares del Buen Vivir

Las innovaciones fundamentales en el campo de los derechos, desde la perspectiva del Buen Vivir en la nueva Constitución del Ecuador, parten del reconocimiento del Estado como "constitucional de derechos y justicia" (Art. 1), frente a la noción tradicional de Estado social de derechos. Este cambio implica el establecimiento de garantías constitucionales que permiten aplicar directa e inmediatamente los derechos, sin necesidad de que exista una legislación secundaria. La Constitución ecuatoriana amplía además las garantías, sin restringirlas a lo judicial. Existen tres tipos de garantías: normativas, políticas públicas y jurisdiccionales (Ávila, 2008: 3-4). De este modo, la política pública pasa a garantizar los derechos.

Uno de los elementos claves en la concepción del Buen Vivir es la integralidad, la vida concebida como un todo indivisible. La noción de integralidad se hace efectiva en la nueva carta magna del Ecuador al no establecer jerarquías entre los derechos, superando aquella visión que establecía tipologías en: fundamentales (primera generación), económicos, sociales y culturales (segunda generación) y colectivos (tercera generación).

Al separar y jerarquizar los derechos, el pensamiento liberal apuntala un sesgo individualista y deshace el eje social que los cruza. Esto lleva en la práctica a la existencia de derechos fundamentales y derechos secundarios, bajo esta concepción, los únicos derechos verdaderos son los civiles y políticos, y los otros son sólo enunciados, deseos poco realistas. Detrás de esta concepción está la vieja distinción del liberalismo entre la libertad (concebida fundamentalmente como libertad negativa) y la igualdad. La libertad tiene prioridad sobre la igualdad. Entonces, existen derechos sustantivos los cuales son inalienables y derechos adjetivos que podrían pasarse por alto, hasta que se realicen plenamente los primeros. Esta arbitraria jerarquía ha sido un obstáculo para que la mayoría de la humanidad disfrute una vida plena. Esta visión se ha concretado en una defensa de la libertad (léase ciertos derechos civiles entendidos desde los valores dominantes) en detrimento de la justicia entendida como igualdad, que fue la médula de la declaración de los derechos humanos de 1948 (Díaz Polanco, 2005).

La Constitución del Ecuador rompe con esta concepción, enfatiza el carácter integral de los derechos, al reconocerlos como interdependientes y de igual jerarquía (Art. 11, numeral 6) y los organiza en: derechos del Buen Vivir; derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades; derechos de participación; derechos de libertad; derechos de la naturaleza y derechos de protección.

Educación para la democracia y el buen vivir

El Programa Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir es un programa emblemático del Ministerio de Educación que fue instituido para desarrollar iniciativas sobre el Buen Vivir, creando espacios de participación y promoción de derechos.

Dentro de su marco de acción están los siguientes temas: educación para la sexualidad, educación ambiental, educación para la salud, educación preventiva del uso indebido de drogas, orientación y bienestar estudiantil, y educación familiar.

¿Qué relación tiene la educación con el Buen Vivir?

El Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos.

Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y, como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas.

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos y ciudadanas para una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza (todos estos, principios del Buen Vivir).

Salud

En el plano nacional, en la segunda mitad del siglo XX, la esperanza de vida dio un gran salto, una mujer nacida en 1950 tenía una expectativa de vida de 47 años; hoy supera los 77 años. Del mismo modo, en 1978 casi 6 de cada 100 nacidos vivos morían antes de cumplir el año de edad, actualmente, esta probabilidad ha disminuido más de 2.5 veces. En términos generales, las mujeres ecuatorianas tienen menos probabilidades de morir de tuberculosis, o en un parto durante su edad fértil o de cáncer en su edad madura. Concomitantemente, la tasa de  fecundidad de las mujeres se redujo de 5,3 niños en el 82 a 3,28 en el 2001, de acuerdo a las estadísticas vitales y demográficas del INEC.

La tasa de mortalidad infantil se mantuvo estable durante el período 1994-2004 (30 por mil nacidos vivos), después de un período de rápida reducción observada en la década anterior y continúa siendo significativamente superior al promedio de Sudamérica (23 por mil nacidos vivos).

La tendencia de la mortalidad materna es descendente. Se puede apreciar que la magnitud del descenso en el período 2001-2004 sufre una  desaceleración en comparación con las décadas pasadas, comprometiendo grandemente el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

En cuanto a mortalidad infantil, la tendencia al descenso es más clara pero, en los dos últimos años tiende a formar una meseta, muy probablemente debido al componente neonatal y peri natal de la muerte infantil que depende de infraestructura y tecnología costosa y de alta complejidad en los servicios de salud.

Los indicadores de salud muestran importantes inequidades relacionadas al nivel de ingreso, grado de instrucción, grupo étnico y ámbito geográfico. La  mortalidad infantil de niños nacidos de madres indígenas (41 por mil) es 50% más elevada que la de madres mestizas (28 por mil). En áreas rurales, el parto institucional apenas supera la mitad de los nacidos. Más aún, para madres sin instrucción y mujeres indígenas, el parto institucional representa solamente el 36,7% y 30,1% respectivamente.

Relacionado con lo anterior está la atención calificada del parto,  su evolución nos indica un incremento entre 1999 y el 2006, manteniéndose una brecha de necesidad del 14% a nivel nacional, pero que se concentra en el área rural, donde es más de 8 veces la urbana (34% vs. 4%). Si desagregamos este indicador por grupo étnico, podemos apreciar que las mujeres indígenas casi septuplican la tasa de atención no profesional del parto de las mujeres mestizas.

Casi el 9% del total de adolescentes se embarazan entre los 15 y los 19 años, según fuentes oficiales (INEC, ENDEMAIN) para el año 2004. Si tomamos en cuenta que el número de adolescentes, por la tendencia demográfica, es el más numeroso de la historia del país, es claramente un problema de salud pública que requiere atención particular.

Si bien la cobertura de seguro de salud aumenta de 1.4% en 1999 a 21% en el año 2005, existe un gran porcentaje de población (casi el 80%) que requiere ser cubierta.

La desnutrición crónica es el problema de mayor importancia del país, sus niveles no corresponden al desarrollo social y económico del Ecuador. Su tendencia es descendente, pero su progreso es lento. Así, en 1998 se ubicó en 27%  y en el 2006 alcanzó el 18.1%, con un promedio de disminución de un punto porcentual por cada año, lo cual es insuficiente para alcanzar la meta del 2015 de reducir en un 50% la desnutrición y el hambre.

La desnutrición crónica por provincia, revela la inequidad en su distribución en el territorio nacional, destacando las provincias de la sierra central como las de mayor afectación, provincias con alto porcentaje de población indígena y rural, así como con dificultades en el acceso al agua y saneamiento básico y a una canasta alimentaria adecuada.

Si bien en los últimos treinta años se han observado progresos en la situación de salud de la población ecuatoriana, sus actuales niveles corresponden a los más bajos de América Latina, lo que habla de un problema estructural –la desigualdad e inequidad en salud y condiciones de vida- de larga data aún no corregido, pues otros países con similares niveles de desarrollo presentan mejores indicadores de salud (E. Miranda, 1994).

Los Derechos de la Naturaleza y el plan nacional de desarrollo del “buen vivir”

La Constitución Política del 2008, en su preámbulo, afirma que el pueblo soberano del Ecuador, reconociendo las raíces milenarias y celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, con un compromiso con el presente y futuro, ha decidido construir “…una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumakkawsay;…”, principio que conduce no únicamente a un cambio radical en la filosofía del derecho, sino que además cambia el modelo de desarrollo económico-social del país, y el rol que en dicho desarrollo le corresponde al hombre.   Al tratar del régimen de  desarrollo, la Constitución establece que es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay, y, sin definir lo que es el “buen vivir”, añade que “…El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.” (art. 275) Queda claro que la naturaleza tiene derecho al goce efectivo de sus derechos constitucionales, pero a su vez, por el reconocimiento que la Constitución le otorga como un “sujeto de derechos” y al igual que las otras personas o sujetos de derechos constitucionales, la naturaleza debe, igualmente, contribuir al desarrollo sustentable, equitativo y sostenible del país. Por otra parte y, si bien la Constitución no define lo que es el “buen vivir”, limitándose a entregar ciertos parámetros de planificación encaminados todos a alcanzar dicho fin;  así, en el artículo 3, al asignar deberes al Estado, determina que debe planificar el desarrollo con miras a “… erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir….”, para lo cual se promoverá, “…el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización…”.  Esta afirmación puede corroborarse con lo señalado en  el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), que al tratar sobre el desarrollo señala “...entendemos por desarrollo, la consecución del buen vivir de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El buen vivir presupone que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano universal y particular a la vez valora como objetivo de vida deseable....”.   En atención a lo señalado y concremente en lo atienen a la naturaleza, el PNBV señala que los derechos de la naturaleza, contemplados de manera formal y específica en la Constitución, se incluyen como parte del Régimen del Buen Vivir, al tratar de la Biodiversidad y Recursos Naturales.   Dentro de este plan se reconoce que, como parte del Buen Vivir la población en general asume la responsabilidad de proteger y cuidar de la naturaleza, a través de un cambio en el modelo de desarrollo y la institucionalización de la prevención y precaución en la utilización del patrimonio natural y concretamente señala:  “… En la dimensión ambiental del Buen Vivir, se reconocen los derechos de la naturaleza, pasando de este modo de una visión de la naturaleza como recurso, a otra concepción totalmente distinta, en la que esta es «el espacio donde se reproduce y realiza la vida». Desde esta concepción, la naturaleza tiene «derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos», así como el derecho a la restauración (arts. 71 y 72). Los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación (art. 74)…”

De igual manera, la Constitución no define al “Sumak Kawsay” sin embargo en el PNBV se aproxima a una definición del mismo cuan señala que “Para la nueva Constitución, el sumak Kawsay implica mejorar la calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la (re)distribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés público, establecer una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana; y proteger y promover la diversidad cultural (art. 276).”

Cabe mencionarse, por otra parte, que en el PNBV se considera al Buen Vivir, como un “…proyecto político actual plantea una transición desde el modelo altamente extractivista,…   hacia un modelo de aprovechamiento moderado sostenible: utilizando de manera inteligente los espacios disponibles; asegurando la soberanía alimentaria; considerando el crecimiento poblacional; protegiendo los paisajes naturales e intervenidos; disfrutándolos; asegurando el mantenimiento del agua y de sus fuentes; evaluando los riesgos posibles a las poblaciones por eventos naturales que nos afectan, para poder tomar medidas de precaución y mitigación; democratizando la planificación y la toma de decisiones a los ciudadanos y ciudadanas; recuperando la mirada y reconociéndonos como una nación costera e insular fuertemente ligada al mar, pero también andina y amazónica; muestras de cumplimiento de los derechos de la naturaleza…”.

El PNDV para el desarrollo del Buen Vivir y concretamente en relación al medio ambiente y la Naturaleza, contempla un sin número de mecanismos y principios, entre los que se cuentan: (i) Fortalecer los sistemas de áreas protegidas; (ii) Diseño y aplicación de  procesos de planificación y de ordenamiento de territorial en todos los niveles de gobierno, que  procuren la defensa del medio en particular zonas con vegetación nativa  ambientalmente sensibles, etc. (iii) Para el desarrollo económicos, procurar el desarrollo y  usos alternativos, estratégicos y sostenibles que propendan al respeto del patrimonio natural. (iv) Protección de la biodiversidad, particularmente las especies y variedades endémicas y nativas; (v)  Recuperar, si fuere del caso, así como  preservar  y proteger la agro diversidad y el patrimonio genético del país.

Acorde con lo dicho y el PNBV, el Ministerio del Ambiente del Ecuador presentó 8 de octubre del años en curso la Estrategia Nacional del Cambio Climático (ENCC), la cual pretende impulsar hasta el año 2025 de acciones para que el Ecuador, acorde con las disposiciones contempladas en la Constitución del 2008 relativa a los derechos de la naturaleza y al Buen Vivir, maneje oportunamente los problema que surge con el cambio climático. 

Este plan, como es lógico incluye una serie de mecanismo que directa o indirectamente pueden afectar a los planes de desarrollo que puede tener tanto el sector público como el privado, puesto que tiende, entre otros a Mitigar, contrarrestar y minimizar los  impactos ambientales, así como a concientizar a la población en la necesidad de iniciar emprendimientos económicos que sean amigables con la naturaleza.